Los dos ex presidentes de Afinsa y dos empleados declaran mañana como imputados ante Pedraz. El fundador y primer presidente de Afinsa, Albertino de Figueiredo, y su sucesor al frente de la compañía, Juan Antonio Cano, declararán mañana como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, después de que éste trasladara las comparecencias que iban a tener lugar el pasado 22 de noviembre. Ayer comparecieron como imputados ante Pedraz el empleado del área financiera de Afinsa José Alberto Gómez y el director de la Unidad de Negocio y Formación y Valores Corporativos de la filatélica, Óscar Fernández Corral. La Asociación de Trabajadores de Afinsa (ATA) calificó de 'linchamiento social' la imputación penal del director de la Unidad de Negocio de Formación y Valores Corporativos de la filatélica, Óscar Fernández Corral. Según explicó la asociación, el 'único delito' cometido por Fernández fue el 'ser trabajador por cuenta ajena, sin que jamás haya tenido responsabilidad en las decisiones empresariales que fueron tomadas por Afinsa'. ATA añadió que el otro empleado imputado tan solo llevaba seis meses trabajando en la empresa cuando se produjo le intervención judicial y que ninguno de ellos 'tomó decisiones a alto nivel'. Por otra parte, para Figueiredo será la segunda vez que acuda a declarar ante la Audiencia Nacional después de su primera comparecencia que tuvo lugar el 12 de mayo de 2006, tres días después de la intervención judicial del la empresa. Para Cano será la sexta vez que acuda ante Pedraz, la primera tres días después de la intervención. Los otras cuatro forman parte de la ronda de declaraciones a petición propia que comenzaron el pasado 28 de septiembre y se han venido desarrollando durante los últimos meses y cuya fecha de finalización está todavía por determinar. (Terra)

3/12/07

Afectados de Afinsa y Fórum buscarán una solución política para recuperar sus ahorros. Representantes de las asociaciones de afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa expresaron ayer su firme decisión de buscar una «solución política», ya que «no podemos esperar a la resolución judicial». Asimismo, trasladaron a todos los afectados sus esperanzas en poner fin a la problemática «de aquí a las próximas elecciones de marzo» y su intención de «seguir luchando porque el Estado se responsabilice del caso». Las asociaciones Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa y Perjudicados Fórum de Gipuzkoa, que agrupan al 80% de los afectados de este territorio, celebraron ayer una asamblea conjunta para conocer los pasos que se han dado en las vías judiciales abiertas, la penal y la administrativa, y las repercusiones que ha tenido la aprobación de la reglamentación de bienes tangibles. La cita, celebrada en Andoain, congregó a más de 600 afectados de Euskadi. Según expresó el Presidente de la Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa, Francisco Javier Sainz de Murrieta, «estamos en la misma situación que antes. Confiábamos en que se diera una salida a toda la problemática mantenida con la intervención de las dos empresas, pero seguimos igual y no podemos esperar más; los trámites puestos en marcha por la vía judicial no nos sirven en estos momentos. Nos darán la razón, pero dentro de quince o veinte años». En este sentido, el presidente de los perjudicados de Fórum de Euskadi, Carlos Cestero, criticó que «a día de hoy, después de año y medio de la intervención, no hay ninguna causa clara de por qué se ha intervenido». Ambos representantes manifestaron su repulsa hacia el «trapicheo político» de compra y venta de votos que se produjo en torno a la aprobación de la Ley de Bienes Tangibles en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de noviembre. «Nos sentimos engañados y vendidos. Teníamos grandes esperanzas en esta reglamentación, ya que todos los grupos mayoritarios estaban dispuestos a apoyarnos y nos han dejado solos. Estamos muy indignados; tuvimos la solución en la mano hace una semana». La plataforma de afectados proponía crear un fondo de compensación para recuperar parte de las inversiones, enmienda que propuso únicamente el PP y que no fue admitida. (Diario Vasco).